Publicado: 11 de Mayo de 2015
Los autónomos afectados por los retrasos en los pagos del sector público tienen muy claro qué medidas deberían aprobarse para paliar de una vez por todas este problema, que se ha llevado por delante muchos negocios a lo largo de la crisis -unos 200.000 de acuerdo con los datos de que disponen las principales organizaciones de trabajadores por cuenta propia-. Así, los autónomos exigen al Gobierno que establezca un recargo del 20 por ciento a aquellas Administraciones que incumplan el plazo de pago de 30 días establecido, tanto por la Ley de Morosidad, como por la Directiva europea. Sólo hay que recordar que, a lo largo del primer trimestre, el sector público situó de media en 85 días el plazo medio de pago a sus proveedores, lo que implica haber triplicado prácticamente el periodo legal establecido. En este caso, Aragón, Murcia y Andalucía fueron las autonomías más morosas, al haber abonado sus facturas por encima de los 120 días. Sin embargo, el sector público no es el único responsable de las dificultades que atraviesan muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas en nuestro país.