Empleo creará una unidad especial para la inspección de la formación

19 de Septiembre de 2014

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene previsto crear, dentro de la Inspección de Trabajo, una unidad especializada en el seguimiento y control de las actividades de formación "con capacidad efectiva de sanción". Asimismo, prepara un régimen sancionador que incluirá, entre otras cuestiones, la prohibición de volver a trabajar para la Administración Pública en el ámbito de la formación durante al menos cinco años a aquellas entidades y organizaciones adjudicatarias de los planes de formación que incumplan la ley. También contempla la creación de un buzón específico de denuncias de "malas prácticas" e irregularidades en el ámbito de la formación para el empleo, todo ello como complemento y garantía de control y con el objetivo de combatir el fraude. Así lo explica el Ministerio en la resolución por la que aprueba la convocatoria de subvenciones públicas, con cargo al ejercicio presupuestario 2014, para la ejecución de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas. En la resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en vigor desde mañana, Empleo recuerda que Gobierno, patronal y sindicatos han expresado su voluntad de reformar el sistema de formación profesional para el empleo con tres objetivos: garantizar el derecho a la formación de parados y ocupados, contribuir a la competitividad de las empresas y mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Como ya había adelantado el Ministerio, la convocatoria de subvenciones a la formación para 2014 profundiza en el avance hacia la libre concurrencia entre entidades de formación a la hora de acceder a las ayudas públicas del sistema "en igualdad de condiciones". Así, sindicatos y patronales competirán con otras entidades por la adjudicación de los fondos y, además, no formarán parte del órgano colegiado que evaluará las solicitudes. Éste estará formado por cinco funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y presidido por el subdirector general de Políticas Activas del SEPE, que tendrá voto de calidad. A la vista del informe del órgano colegiado, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, de la que forman parte sindicatos y empresarios, sí podrá formular una propuesta de resolución provisional "debidamente motivada". Una vez cumplido el plazo de alegaciones, la Fundación elevará una propuesta de resolución definitiva a la directora general del SEPE, que será la que tome la decisión última. Cuando la propuesta de subvención supere los 12 millones de euros deberá ser autorizada por el Consejo de Ministros.